El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa ha acordado el "sobreseimiento provisional y el archivo de la causa" por la que estaban imputados el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio y el administrador de la empresa Recuperaciones Reical, al concluir que "no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la causa".
En este sentido, la Junta Vecinal de Bolmir denunció al equipo de gobierno y al administrador de la empresa por "un presunto delito de prevaricación, falsedad en documento oficial y contra el medio ambiente".
Según el auto del 13 de septiembre de 2013, al que ha tenido acceso Vive Campoo, la magistrada -a la vista de las diligencias practicadas- no aprecia que la actividad de la empresa resulte un "grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas", según se desprende de los informes periciales.
No hay indicios de prevaricación.
Asimismo, en dicho auto la jueza apunta que , "si bien resulta indiciariamente acreditado que la actividad controvertida no se encontraba dentro del objeto para el cual había sido oportunamente autorizada la empresa del imputado, de las diligencias practicadas no resultan indicios que permitan considerar la existencia de un procedimiento en el que, en incumplimiento de normas urbanísticas vigentes y a sabiendas de su injusticia, se adoptase una resolución en beneficio del imputado por los miembros de la Corporación Local favorables a tal decisión". Y prosigue, "no observándose indicios de la falsedad denunciada en la documentación".
Asimismo, tampoco aprecia en las actuaciones "interés particular alguno en la tramitación ni irregularidad alguna merecedora de reproche penal".
Una década con residuos en los despachos.
El contencioso tiene su origen en una denuncia interpuesta por la Junta Vecinal de Bolmir contra la empresa, que ya en 2004 había solicitado la licencia para la gestión de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, en su planta de esta localidad campurriana. Una vez realizado el estudio de impacto ambiental, el Gobierno de Cantabria decide aprobar la actividad, respaldada por el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio.
No obstante, la actividad empresarial no pudo comenzar ya que la desde la Junta Vecinal de Bolmir se presentaron alegaciones que paralizaron el proceso.
La Junta denunció que la actividad se venía realizando sin las licencias y autorizaciones exigidas y acusó a la comisión de Obras Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Campoo de Enmedio por no paralizar la actividad como medida cautelar "a sabiendas" de que se estaba realizando sin licencia y por no emprender un procedimiento sancionador.
Hace casi tres años que la corporación local de Campoo de Enmedio, con Carmelo Hijosa a la cabeza, tuvieron que declarar como imputados contra un presunto delito de prevaricación, falsedad documental y contra el medio ambiente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa.
Hoy, martes 17 de septiembre, el portavoz en funciones del grupo socialista, Juan Luis Ruiz Ortega, ha comentado a Vive Campoo "el gran alivio que él y todo su grupo sienten" por el archivo de la causa, y que "de alguna manera viene a probar que no se cometió ninguna irregularidad ni se concedió ninguna licencia fuera de la ley".
